Leemos en la prensa esta semana que “El 81% de los discapacitados físicos encuentra barreras arquitectónicas al salir de casa”, y al delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau, que "somos un país que publica leyes pero no las cumple", circunstancia que le anima a decir que se "avance en la sensibilización respecto a la accesibilidad y a trabajar entre todos para que esta ley se cumpla".

Esta noticia se simultanea en la prensa con el ultimátum que el CERM ha hado al Gobierno urgiendo a que todos los ministerios garanticen la accesibilidad universal en todas sus dependencias y servicios antes del 4 de diciembre de 2017, fecha límite que establece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para que todos los entornos, espacios, servicios y procesos sean accesibles para personas con discapacidad.

Accesibilidad universal. Derechos. Disfrute de espacios, productos bienes y servicios. Igualdad de condiciones. Como recuerdan muchos expertos -parafraseando los lemas que esgrimen otras causas- sin accesibilidad no hay democracia.

Una de las barreras que permanece levantada, y en la que desde hace no tantos años se está poniendo el acento, es la de la accesibilidad cognitiva: el derecho que tienen las personas a entender el mundo que les rodea y a que puedan contar con herramientas adaptadas a su comprensión intelectual. La herramienta más conocida es la de la lectura fácil. El público afectado es muy diverso; en él se encuentran también las personas con discapacidad intelectual.

Dentro de cinco meses, Cáceres acogerá el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva, que organiza Plena inclusión. Una ocasión más que oportuna para poner los puntos sobre las íes y saber cómo avanza la práctica en esta asignatura pendiente para los derechos de las personas potencialmente vulnerables.