La formación y preparación de la sociedad (organizaciones, instituciones, empresas, ciudadanos, otras entidades) para atender a personas con discapacidad intelectual es un aspecto fundamental para que la vida diaria de estas personas pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. La relación entre unos y otros tiene que ver con la convivencia y con los derechos humanos.

Esta introducción viene a cuento de la noticia que hemos leído esta semana en los medios de comunicación informando de que “La Policía recibe formación para atender a personas con discapacidad intelectual”.

Buen trabajo. Para quienes imparten la formación y para quienes la reciben.

Los formadores son profesionales de Plena inclusión y han explicado esta semana a los agentes cómo deben tomar declaración a personas con discapacidad intelectual: “Con preguntas cortas, lenguaje sencillo y alejadas de tecnicismos o cuestiones que puedan ser inaccesibles para ello”. Y les recuerdan que “cuando una persona con discapacidad intelectual acude a una comisaría le cuesta abrirse. Puede sentir una falta de confianza a la hora de relatar lo que le ha pasado o no saber explicar con exactitud su versión de los hechos”. Los policías les dicen a su vez a los formadores que quieren que “las personas con discapacidad intelectual tengan un mejor acceso a los servicios policiales”.

Y en este punto hay que recordar los avances en otros campos. Agentes, abogados y jueces han recibido esta formación, porque “deben conocer las barreras y dificultades a las que se enfrentan los discapacitados intelectuales en su acceso a la justicia”.

Más recientemente los medios de comunicación nos han informado de que las sentencias se están adaptando de forma progresiva a un sistema de lectura fácil para que puedan ser entendidas por todos los ciudadanos.

La experiencia de esta semana en Madrid, y también en otras comisarías de España, es un paso adelante, una buena práctica, un ejemplo a seguir o cualquier otro apellido que se le quiera poner. Sigamos.