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| En busca de una ordenación legal que legitime la Accesibilidad Cognitiva en España |
"La regulación legal de la accesibilidad cognitiva es una de las grandes cuestiones en la agenda política del movimiento social de la discapacidad, que espera que con esta reforma, una vez aprobada, comience a verse materializada". Las declaraciones anteriores corresponden al desarrollo de la reunión que tuvo lugar el pasado 6 de noviembre en la sede de Plena inclusión entre el Cermi y senadores y diputados españoles. El motivo: presentarles las propuestas de modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social en accesibilidad cognitiva (que propone el Cermi).
Al amparo del mandato anterior, el Cermi propone que se explicite en el texto de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad que la accesibilidad cognitiva forma parte de la accesibilidad, y por tanto debe ser debidamente desarrollada. Asimismo, propone la realización de estudios integrales sobre accesibilidad cognitiva, y la necesidad de aprobar un Plan Nacional de Promoción de la Accesibilidad Cognitiva (2020-2025) y la creación de un Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Las propuestas de modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social han sido recogidas y presentadas esta semana (28 de enero) en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), que cuenta con mayoría en esta Cámara. Según la mecánica de la Cámara Alta en próximas fechas el Pleno del Senado tendrá que debatir la propuesta, que no tendrá dificultades al disponer el GPP de mayoría absoluta. Si es admitida, se remitirá al Congreso para que sea tramitada como proposición de ley, siguiendo el procedimiento habitual de las iniciativas legislativas. |
Texto adaptado El Cermi ha propuesto a los senadores y diputados de España |
El Cermi introduce su propuesta recordando que la Observación General nº 2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad señala que “los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación”.