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¡¡Buen Fin de Semana!!
En 2016 se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que popularmente conocemos como Ley de Dependencia.

La llegada de esta ley ha supuesto asentar los servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones.

Además, las leyes de que se han ido dotando las comunidades autónomas van incorporando los derechos sociales como derechos subjetivos –un mínimo de protección para todos los ciudadanos-, con lo que los ciudadanos pueden reclamarlos en los tribunales.

10 años después de su promulgación, es un buen momento para que particulares, organizaciones y entidades representantes de los colectivos de personas a quien afecta esta ley puedan hacer balance. Y que el nuevo Gobierno y Congreso que se formen tomen nota de las carencias que manifiesta la Ley de Dependencia. Entre ellas, la escasa dotación presupuestaria y recursos de todo tipo; definir las competencias del asistente personal en la esfera de la discapacidad intelectual; desarrollar la autonomía personal; y que tenga prioridad en la agenda política.

Para empezar, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), advirtió a los partidos (antes de las elecciones del 20D) que los parlamentarios no podrán ignorar la petición de un número tan cuantioso de ciudadanos para que "nadie se quede fuera de las prestaciones" por dependencia por "unas exigencias claramente injustas de copago". Se refiere a las 738.577 firmas que ha recabado el Cermi durante once meses para presentar una iniciativa legislativa popular contra el copago en dependencia, que se entregaron el pasado 30 de noviembre en la Oficina del Censo Electoral.