Es al día siguiente, y al siguiente del siguiente, cuando hay que pasar de los manifiestos a los hechos. Aquí y allá, porque el paro al mediodía del 8 de marzo para pedir igualdad entre sexos se siguió a nivel mundial.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer se han leído muchos manifiestos, sacado a la luz pública historias reales de desigualdad y maltrato cotidiano, actualizado estadísticas, denunciado discriminaciones que persisten en la vida diaria, normativas que consienten la desigualdad. Violación de derechos.

Datos, informaciones y hechos que han puesto en el punto de mira durante 24 horas seguidas, que una sociedad no será libre, democrática, justa e igualitaria mientras deje fuera a la mitad de su población: las mujeres.

Una circunstancia que atañe igualmente a las mujeres con discapacidad, que viven doblemente el riesgo potencial y real de ser ninguneadas social, política, económica y laboralmente, personal y humanamente en todos los ámbitos de su vida diaria (salud, educación, seguridad). Por ser mujeres y por tener una discapacidad.

Una doble circunstancia que señalamos y enunciamos con frecuencia, pero que ignoro si las organizaciones, entidades y organismos que las representan cuentan con planes concretos para abordar de manera específica estas situaciones de discriminación y desigualdad, y si cuentan con los recursos necesarios que den respuesta a sus necesidades. Como también nos ha recordado (y hecho pensar) Ana Peláez (vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres).

El estudio “Género y Discapacidad intelectual en Castilla y León” (2015) arroja cifras como que el 56% de las mujeres con discapacidad intelectual califica de “muy difícil” su etapa escolar, que el 30% de estas mujeres ha sufrido algún tipo de abuso físico o psíquico en la etapa escolar; que el 70% necesitan ayuda en sus relaciones de convivencia, o que el 14% de las mujeres con discapacidad han sufrido abusos sexuales en la calle.

Finalizado el 8 de marzo, se abre el tiempo de la acción.